Sentencia A. 1566/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1566/24

 

REPARTO DE ACCIONES DE TUTELA MASIVAS-Las tutelas que presenten unidad de objeto, causa y parte pasiva serán repartidas al mismo despacho judicial

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1566 DE 2024

 

Referencia: Expediente ICC-4734

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre, Huila, y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, Santander

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, dicta el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.                 Solicitud de tutela. Daniel Steven Marín Alarcón presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), por considerar que violaron sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al mérito, al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la seguridad jurídica. Afirmó que participó en el «proceso de selección DIAN 2022 modalidad ingreso, Nivel: profesional, Denominación gestor i, grado 1, Código 301, Número OPEC: 198369, donde se ofertaron 394 vacantes»[1]. Informó que aprobó la prueba de conocimiento y los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas, por lo que fue admitido con un puntaje superior al 70%, y ocupó la posición 43. No obstante, a la fecha de presentación de la tutela, la CNSC no había conformado la lista de elegibles para dicha OPEC, a diferencia de lo que había ocurrido con los demás empleos, cuya provisión se procuraba a través del aludido concurso público.

 

2.                 Añadió que radicó una petición ante la CNSC, con el fin de que se expidiera la lista de elegibles del empleo OPEC 198369; al respecto, observó que esta fue respondida de manera «superflua y dilatoria del proceso de selección»[2],  ya que le indicaron que no se había expedido la lista de elegibles porque había acciones de tutela en curso que debían ser resueltas, teniendo en cuenta el principio de previsión[3]. Agregó que la interpretación anterior va en contra de «los principios de celeridad y eficacia de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución»[4], así como del Decreto 927 de 2023, que dispone que el proceso de selección será de máximo doce meses y han transcurrido más de diecisiete[5], «generando con ello una carga de la cual no est[á] en la obligación de soportar»[6]. En tales términos, formuló las siguientes pretensiones: (i) que se tutelen sus derechos fundamentales; (ii) que se ordene a la CNSC expedir la lista de elegibles de la OPEC 198369 dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, y (iii) de no proceder la pretensión anterior, que se ordene a la CNSC «que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, establezca un cronograma de actividades para continuar con el proceso de selección DIAN 2022, OPEC 198369, especificando la fecha de expedición de la lista de elegibles»[7].

 

3.                 Primera remisión del expediente. La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Bogotá. El 11 de julio de 2024, dicha autoridad declaró su falta de competencia y dispuso remitir el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre[8]. Esto, porque el accionante allegó copia de un fallo de tutela promovido por otro aspirante del mismo concurso de méritos, que está «fundamentad[o] en los mismos hechos y pretensiones»[9] de la tutela en estudio, razón por la cual, al estar ante el fenómeno de tutelas masivas, lo que procedía era su acumulación, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1834 de 2015, que adicionó el Decreto 1069 de 2015 y reglamentó parcialmente el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el auto 750 de 2018 de la Corte Constitucional.

 

4.                 Segunda remisión del expediente. El expediente fue enviado al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre. El 12 de julio de 2024, esta autoridad declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, Santander[10]. Lo anterior, al argumentar que la CNSC informó que dentro del trámite judicial No. 2024-00148-00 el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga había conocido de una tutela con una situación idéntica a la de este asunto en el proceso n.° 68001333300420240007100, en el cual el señor William Enrique Mantilla Rueda era el accionante. Agregó que, teniendo en cuenta la «identidad de hechos y pretensiones»[11], la tutela en estudio debía ser remitida y acumulada a la que se tramitó por dicha autoridad, en cumplimiento del mandato legal establecido en el artículo 1 del Decreto 1834 de 2015 y el Auto 750 de 2018.

 

5.                 Devolución del expediente. Mediante auto del 15 de julio de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga declaró que el expediente de tutela sub examine no cumplía con los requisitos dispuestos en el Decreto 1834 de 2015 para considerarse tutela masiva. Por tal motivo, negó la petición de acumulación de este proceso y dispuso remitir el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre[12]. Lo anterior, porque el Decreto 1834 de 2015 «no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente, dado que contiene reglas de reparto para las acciones de tutela que responden al fenómeno de la tutela masiva»[13]. En este caso, en su criterio, no se configura dicho fenómeno pues no se cumple la identidad de la parte pasiva ni la del objeto entre las acciones de tutela mencionadas. De un lado, no habría identidad de la parte pasiva, porque que en el proceso que fue de su conocimiento (n.° 2024-00071) la demanda fue dirigida contra la CNSC, la DIAN y la Fundación del Área Andina, mientras que en la acción de tutela remitida solo se dirigió en contra de la CNSC y la DIAN. De otro lado, no habría identidad en el objeto, en tanto la pretensión del proceso que fue de su conocimiento era la expedición de la lista de elegibles de la OPEC 198419, mientras que, en el proceso en estudio, la pretensión es que se expida la lista de elegibles de la OPEC 198369.

 

6.                 Conflicto de competencia. El 15 de julio de 2024, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre adoptó las siguientes determinaciones: (i) no avocar conocimiento de la tutela; (ii) proponer un conflicto negativo de competencia con el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y (iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional[14]. Esto, al considerar que, por una parte, el argumento presentado por el Juzgado Administrativo sobre la falta de identidad de sujeto pasivo en las tutelas «resulta ineficaz en tanto la intervención de [la] Fundación [del Área Andina] en dicho trámite constitucional fue completamente intrascendente»[15], pues de ella no se desprende ninguna vulneración del derecho. Por otra, respecto a la falta de identidad de causa, aunque los accionantes señalan OPEC diferentes, «no se está discutiendo el cumplimiento de determinados requisitos para la designación en uno u otro cargo[16], sino la pretensión común de varios aspirantes que superaron todas las etapas del concurso pero que ante la solicitud de que se expidieran las listas de elegibles a la CNSC, esta ha respondido que estas listas no se han expedido «porque están en curso acciones de tutela que pueden afectar ese registro[17]. Lo anterior, en virtud de lo expuesto por la jurisprudencia la Corte Constitucional en el auto 136 de 2021.

 

7.                 Remisión del expediente a la Corte Constitucional. El 15 de julio de 2024, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre remitió el expediente a la Secretaría General de la Corte Constitucional. Luego, el 25 de julio de 2024, la Sala Plena repartió el expediente ICC-4734 a la magistrada sustanciadora[18].

 

II.          CONSIDERACIONES

 

8.                 Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver el conflicto. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996 —Ley Estatutaria de Administración de Justicia— (LEAJ)^[19]. Así mismo, esta Corte ha explicado que su competencia para resolver conflictos de competencia es residual y solo se activa en los siguientes casos: (i) cuando la referida ley no prevé una autoridad encargada de resolverlos^[20], o (ii) cuando, a la luz de los principios de celeridad y eficacia, este tribunal deba pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia^[21]. La Sala observa que la LEAJ[22] no definió cuál es la autoridad judicial que debe resolver el conflicto de competencia que se suscitó entre los despachos involucrados, puesto que pertenecen orgánicamente a distintas jurisdicciones. En consecuencia, el plenario de esta Corporación asumirá su estudio.

 

9.                 Factores de competencia en relación con acciones de tutela. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber:

 

 

10.             Reglas aplicables a la tutela masiva. El Decreto 1834 de 2015^[26] prevé las reglas de reparto para las acciones de tutela que responden al fenómeno de la tutela masiva. Se trata de aquellas acciones en las que existe uniformidad entre los casos y que son presentadas bien de manera masiva —en un solo momento— o bien con posterioridad a otra solicitud de amparo. La Corte ha reiterado que estas reglas de reparto tienen por finalidad evitar que, frente a casos idénticos, se produzcan efectos o consecuencias diferentes. Así, ante una presentación masiva de acciones de tutela «que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad»^[27], en principio, las oficinas de reparto son las encargadas de realizar la remisión y acumulación de los expedientes a la primera autoridad que avocó conocimiento^[28]. No obstante, el Decreto 1834 de 2015 previó que, en el evento en que las oficinas de apoyo judicial carezcan de información suficiente para el reparto y acumulación correspondiente, «la autoridad pública o el particular» accionado tienen el deber de informar al juez competente la existencia de acciones de tutela que se hubieren interpuesto en su contra por «la misma acción u omisión», señalando el despacho que avocó conocimiento en primer lugar^[29].

 

11.             Carga argumentativa. El juez que pretende apartarse del conocimiento de una acción con fundamento en la regla de reparto para la tutela masiva debe demostrar el cumplimiento de los presupuestos indicados para dar aplicación a la regla de reparto en comento. Esto «implica señalar con ‘rigor demostrativo y coherencia’ el cumplimiento de los presupuestos que integran la triple identidad»^[30]. De no contar con los elementos suficientes para cumplir con la carga argumentativa que acredite la existencia de la triple identidad, deberá dar aplicación de la regla de competencia del factor territorial «a prevención» y continuar con el trámite de tutela, dando prevalencia a los principios de celeridad y eficacia que rigen el trámite de tutela. En estos términos, la aplicación del Decreto 1834 de 2015, por fuera de los supuestos normativos de identidad, conduciría a la desnaturalización de la regla de competencia a prevención, cuya preservación les compete a todos los jueces de tutela^[31].

 

12.             La Sala Plena ha precisado que la autoridad judicial que considere aplicable la regla de reparto en cuestión podrá, de manera oficiosa, enviar el expediente al despacho que hubiere conocido por primera vez el mismo asunto siempre que, de manera previa, constate la existencia de identidad de (i) sujeto pasivo, (ii) causa y (iii) objeto, entre el asunto primigenio y el recurso de amparo que llegó a su conocimiento^[32]. La Corte ha desarrollado el contenido de cada uno de estos requisitos, y ha fijado pautas para determinar su existencia. Específicamente, ha señalado lo siguiente respecto de cada requisito:

 

12.1.      Identidad de objeto. La Corte ha señalado que existe identidad de objeto cuando las acciones de tutela que pretenden ser acumuladas «presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados»[33].

12.2.      Identidad de causa. Por su parte, en cuanto a la identidad de causa la Corte ha señalado que su acaecimiento ocurre cuando las acciones de amparo que pretenden ser acumuladas «se fundamenten en los mismos hechos o presupuestos fácticos -entendidos desde una perspectiva amplia-, es decir, las razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección»[34]. Adicionalmente, la Corte ha indicado que «la causa en materia de acción de tutela se vincula con las actuaciones o circunstancias que motivan o impulsan su presentación y cuya ocurrencia debe estar comprendida por el supuesto de hecho -en sentido amplio- de una norma de derecho fundamental»[35].

12.3.      Identidad de sujetos pasivos. Finalmente, la confluencia del sujeto pasivo se presenta cuando «el escrito de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado»^[36].

 

13.             Por lo anterior, si se constata la existencia de identidad de sujeto pasivo, causa y objeto entre el asunto primigenio y la reciente solicitud amparo en los anteriores términos, lo que procede es remitir el expediente al despacho que hubiere conocido por primera vez el mismo asunto.

 

III.      CASO CONCRETO

 

14.             Las autoridades en conflicto. La Sala Plena advierte que en el caso bajo análisis existen tres autoridades que han remitido el expediente a otra autoridad judicial. (i) El Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Bogotá le remitió el asunto al (ii) Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre y luego, este le remitió el expediente al (iii) Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga. Sin embargo, la Sala constató que el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Bogotá no hace parte del conflicto. Esto, porque (i) en el expediente no existe ninguna manifestación del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre –ni de ninguna otra autoridad judicial- sobre la competencia del Juzgado Quinto de Familia para conocer el asunto, y (ii) en casos de tutela masiva la Corte no debe evaluar, de oficio, cuál es la autoridad dentro de todas las involucradas que debe conocer la tutela, sino que el análisis debe limitarse únicamente a las autoridades que promovieron el conflicto. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional, según la cual las autoridades judiciales deben cumplir con la carga argumentativa para sustentar cuándo se configura el fenómeno de la tutela masiva (párr. 10 y 11 supra). En este caso, solo promovieron el conflicto el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga. Por lo tanto, la Sala limitará su estudio únicamente a lo resuelto por ambas autoridades.

 

15.             Argumentos planteados por las autoridades judiciales enfrentadas. En el caso concreto, ambos juzgados alegaron que no se encontraban llamados a conocer la acción de tutela de la referencia. Por una parte, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre adujo las reglas de reparto previstas en el Decreto 1834 de 2015 para abstenerse de conocer la demanda en cuestión. En su criterio, la tutela sub examine era similar a otra acción de tutela que había sido conocida previamente por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y, por esa razón, remitió el expediente a tal autoridad judicial. Por su parte, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga rechazó la acumulación de las tutelas porque, a su juicio, las mismas no compartían identidad de sujetos pasivos ni de objeto. Esto, debido a que había una accionada más en una de las tutelas y los cargos OPEC a los que hacían relación eran distintos.

 

16.             El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre cumplió con la carga argumentativa. La Sala considera que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre cumplió con la carga argumentativa necesaria para demostrar la configuración del fenómeno de la tutela masiva. Dicha autoridad expuso con el suficiente rigor demostrativo las razones por las cuales en el caso sub examine se presenta la triple identidad exigida por la jurisprudencia constitucional para la configuración del fenómeno de la tutela masiva (párr. 3 y 5 supra)

 

17.             Las tutelas cumplen con la identidad de sujeto pasivo, objeto y causa. La Sala Plena considera que las acciones de tutela comparten identidad de sujetos pasivos, objeto y causa, tal y como se expone a continuación:

 

 

18.             Las tutelas cumplen con la identidad de sujeto pasivo. La Sala Plena constata que, aunque ambas acciones de tutela dirigen sus pretensiones hacia la CNSC y la DIAN, una de ellas también las dirige a la Fundación del Área Andina. A pesar de dicha diferencia, para el caso concreto es importante resaltar que, de acuerdo con el artículo 2.2.6.20 del Decreto 1083 de 2015, la obligación de conformar las listas de elegibles corresponde a la CNSC, y no a los establecimientos educativos que realizan los exámenes y las actividades de orden logístico para los concursos de méritos. Por tal motivo, la presencia de la Fundación del Área Andina no afecta en nada la evaluación de la identidad de partes. Adicionalmente, revisados los escritos de tutela, las pretensiones de los accionantes no van dirigidas a la Fundación del Área Andina sino a la CNSC, autoridad a la cual le solicitan expedir las listas de elegibles.

 

19.             La Sala reconoce que en el Auto 1220 de 2024, la Sala Plena resolvió un conflicto de competencias relacionado con la posible configuración del fenómeno de tutela masiva. Mediante la demanda, los accionantes pretendían revertir una decisión dentro del concurso de méritos, relacionada con la convocatoria al curso de formación de la fase 2 del concurso; adicionalmente, solicitaron ser incluidos dentro de ese listado para continuar con el proceso de selección. En esta decisión, la Sala Plena determinó que sí era relevante la presencia de la Fundación del Área Andina porque había inconformidades de los accionantes respecto de los puntajes obtenidos, los cuales, sí obedecen a las actividades realizadas por la institución educativa, razón por la cual era importante considerar la participación de esta institución de cara a la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En este caso, sin embargo, los accionantes pretenden la expedición de las listas de elegibles, las cuales se conforman con base en los resultados obtenidos en las pruebas escritas, evaluación del curso de formación, evaluación de antecedentes y de los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas, y no formulan ninguna pretensión ni atribuyen la vulneración de sus derechos a la Fundación del Área Andina. Por esto, a diferencia de lo que resolvió la Sala Plena en el Auto 1220 de 2024, la Sala encuentra que en este caso sí se configura la identidad de partes.

 

20.             Las tutelas cumplen con la identidad de objeto. Por otra parte, las tutelas comparten el mismo objeto, porque persiguen las mismas pretensiones. Aunque las solicitudes hacen referencia a diferentes cargos OPEC[39], en ambas se busca la expedición de una lista de elegibles dentro del concurso de méritos DIAN 2022, razón por la cual se entiende que las pretensiones están dirigidas a un mismo propósito.

 

21.             Las tutelas cumplen con la identidad de causa. La Sala resalta que en ambos casos los accionantes plantearon que la presunta vulneración de sus derechos se dio por la aparente demora de la CNSC para expedir la lista de elegibles en los cargos a los cuales se habían presentado.

 

22.             Conclusión. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el auto dictado el 15 de julio de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y ordenará que se remita el expediente a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, inicie el trámite y dicte la decisión a que haya lugar respecto del amparo solicitado, conforme al artículo 86 de la Constitución y al Decreto 2591 de 1991.

 

IV.       DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. - DEJAR SIN EFECTOS el auto dictado el 15 de julio de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, en el marco de la acción de tutela promovida por Daniel Steven Marín Alarcón contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional.

 

Segundo. - REMITIR el expediente ICC–4734 al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo y dicte la decisión a que haya lugar dentro de la acción de tutela presentada por el accionante.

 

Tercero. – Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora y al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre la decisión adoptada mediante esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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